Por Nuria Blasco

ley amianto

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) se han adherido al Manifiesto desarrollado por varias organizaciones, agentes sociales y sociedades científicas, en el que se solicita el desarrollo de una Ley Integral del Amianto que permita evitar las muertes derivadas de la exposición a este material.

Piden al Ministerio de Sanidad que deje de postergar esta cuestión y que elabore un proyecto de Ley Integral del Amianto para poder hacer frente a esta amenaza global para la salud humana.

Los graves riesgos del amianto

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente unos 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo y esto provoca que anualmente mueran en el mundo 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis (enfermedad crónica del pulmón causada por la inhalación de fibras de amianto).

Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, así como también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo, entre las que la OMS estima unas 400 muertes.

El amianto sigue presente

Según se expone en el manifiesto, a pesar de la prohibición de la importación y producción del amianto en 2002, sigue siendo un problema de salud pública, medioambiental y laboral, en nuestro presente y futuro, que afecta gravemente a nuestra sociedad.

Y es que aunque en España está prohibida la producción del amianto –también llamado asbesto– fue muy utilizado en España hasta 2002 y aún sigue formando parte de múltiples instalaciones.

  • Este material se había utilizado en la fabricación de tejas de recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de cemento... También en piezas de automoción como el embrague, los frenos o los componentes de la transmisión y en materiales textiles termo-resistentes (inífugos), envases, pintura, productos de talco, entre otros.

No existe ninguna regulación sobre el amianto ya instalado a nivel nacional

Aún no se ha abordado un instrumento legislativo para erradicar el amianto de nuestras vidas, lo que es especialmente grave si consideramos que no existe nivel de exposición segura al amianto, y además se estima que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30‐35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente.

La relación del amianto con diversos tipos de cáncer

Como señala el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)“por desgracia, en España no disponemos de un registro regulado de enfermedades relacionadas con el amianto y existe por tanto un infradiagnóstico importante. Además, no hay competencia nacional reguladora en España para gestionar la prevención de la exposición. Y todo esto hace necesario una ley integral que regule todo esto”.

El presidente de SEOM destaca, además, que la exposición al amianto es un problema global de salud pública.

"El amianto nos afecta a todos, como población general expuesta de forma ambiental"

“Con un periodo de latencia de hasta 40 años, es en la actualidad un problema sanitario prevalente de gran impacto en España y que se mantendrá las próximas décadas. Además, no es una enfermedad asociada que afecta únicamente a los antiguos trabajadores del amianto, si no que nos afecta a todos, como población general expuesta, sin saberlo, de forma ambiental. Sin embargo, es un carcinógeno desconocido en este aspecto. Concretamente el amianto tiene una relación directa con el cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de laringe y el de ovario”, explica.

Beneficios de la Ley Integral del Amianto

Los beneficios que podría tener la Ley Integral del Amianto en la salud pública serían muchos.

Por ejemplo, una regulación de medidas para la identificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al amianto (áreas calientes, trabajadores de alto riesgo…) permitiría implementar medidas de seguimiento/screening, teniendo en cuenta el periodo de latencia de enfermedad.

También en la la identificación de casos atribuibles al asbesto: con una regulación de un Registro de Notificación Obligatoria de todos casos atribuibles al asbesto como la asbestosis o el cáncer. Con ello se permitiría:

  • Fomentar entre todos los especialistas sanitarios que intervienen en el manejo de pacientes con enfermedades del amianto, incluidos los oncólogos, la importancia de la identificación de estas enfermedades en el registro, con implicaciones sociales/económicas para los pacientes.
  • Evitar el infradiagnóstico de casos, permitiendo el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes (médico de atención primaria, neumólogo, oncólogo, médico del trabajo, etc.).
  • Regulación del acceso a beneficios socio-sanitarios y económicos específicos: medidas de prevención (como por ejemplo ayudas para desinstalación), u otras como ayudas económicas por enfermedad (pensiones, etc.).
  • Identificación de los casos potencialmente atribuibles al amianto, como aquellos relacionados con la exposición en población general ambiental/residencial.
  • Por último, permitiría a corto plazo tener una imagen de la situación en España para gestionar recursos y medidas de prevención y diagnóstico por áreas de prioridad.

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